LA REFORMA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN ELIMINA LA AUTONOMÍA REGULATORIA Y PONE EN RIESGO DERECHOS COMO LALIBERTAD DE EXPRESIÓN

LA REFORMA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN ELIMINA
LA AUTONOMÍA REGULATORIA Y PONE EN RIESGO DERECHOS COMO LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN

• La iniciativa contraviene el T-MEC al eliminar un regulador independiente, lo que pone
  en riesgo la certeza jurídica y la estabilidad del sector.
• El nuevo marco legal en telecomunicaciones deja en pausa al país: suspende todos los
  trámites del sector durante 60 días, afectando inversiones, innovación y conectividad.
  Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) valoramos que se
  haya pospuesto la aprobación de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
  Reconocemos la necesidad de actualizar el marco legal del sector, promover la digitalización,
  ampliar la conectividad y simplificar procesos. Esta pausa abre una ventana de oportunidad
  para revisar con profundidad una iniciativa que, en su redacción actual, compromete principios
  esenciales para el desarrollo del ecosistema digital.
  Reiteramos nuestro llamado a un diálogo abierto, técnico y con todos los sectores
  involucrados, porque la propuesta plantea riesgos sustanciales: elimina la autonomía del
  regulador, erosiona la certeza jurídica, contraviene compromisos del T-MEC y debilita la
  competencia al permitir que entidades del Estado ofrezcan servicios comerciales bajo
  esquemas de subsidio, con asignaciones de espectro sin licitación ni contraprestación, y sin
  estar sujetas a un marco regulatorio equitativo. Esta asimetría vulnera el artículo 18.18 del T
  MEC, relativo a las Empresas Propiedad del Estado, y genera un entorno desigual que atenta
  contra la inversión, la innovación y el desarrollo tecnológico del país.
  Nos inquieta especialmente la facultad de la nueva Agencia para ordenar el bloqueo de
  plataformas digitales sin intervención judicial previa. Esta medida, contenida en el artículo 109,
  vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y
  el debido proceso. La ausencia de salvaguardas claras abre la puerta a censura previa, genera
  incertidumbre jurídica y podría detonar controversias constitucionales e internacionales.
  La ambigüedad en la definición de plataformas digitales propuesta en el artículo 3 amplía
  excesivamente las competencias regulatorias de la Agencia y contradice el principio de
  neutralidad tecnológica. Esta redacción imprecisa permitiría regular servicios de Internet que
  no forman parte de las telecomunicaciones tradicionales, generando fragmentación normativa
  y posibles violaciones a los artículos 15.3 y 19.4 del T-MEC.
  El debilitamiento del principio de neutralidad de la red es otro aspecto crítico. Al eliminarse su
  definición legal y dejar su interpretación a lineamientos futuros de la ATDT, se introduce un
  alto grado de inseguridad para usuarios, operadores e inversionistas. Consideramos
  indispensable conservar el texto vigente del artículo 145 de la actual Ley Federal de
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  Telecomunicaciones y Radiodifusión para garantizar condiciones equitativas y transparentes
  en el uso de la red.
  Asimismo, el transitorio décimo séptimo establece la suspensión de todos los trámites por un
  periodo de 60 días, lo que interrumpiría procesos fundamentales como licitaciones de
  espectro, autorizaciones de servicios y despliegue de infraestructura. Esta interrupción
  afectaría directamente la inversión, el desarrollo de tecnologías como 5G y la innovación digital
  en México.
  El sector de telecomunicaciones representa el 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional
  y genera más de 265 mil empleos directos. De acuerdo con el Banco Mundial, un incremento
  del 10% en la penetración de banda ancha puede elevar el PIB en hasta 1.38%. Esto
  demuestra su carácter estratégico para la inclusión, el crecimiento económico y la
  competitividad nacional.
  En la Confederación exhortamos al Congreso de la Unión a revisar con responsabilidad esta
  iniciativa, preservar la autonomía del regulador, eliminar disposiciones que amenacen
  derechos fundamentales y garantizar una transición ordenada. Una propuesta de esta
  magnitud debe construirse con base en el análisis técnico, el respeto a los principios
  constitucionales y el diálogo con todos los sectores involucrados. Solo así podremos
  consolidar un entorno digital robusto, abierto, competitivo y alineado con el desarrollo que
  México necesita.

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